Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria. Declaran ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia política, y además la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas y obreras por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar en tales condiciones el bloque de izquierdas que debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes.
I. Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos coaligados se comprometen:
1.º A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán, con arreglo a la ley, las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos, por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de las mismas y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideas o actuaciones políticas.
III. Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del partido socialista. Consideran convenientes las siguientes medidas, que proponen la redención del campesino y del cultivador medio y pequeño, no sólo por ser obra de la justicia, sino porque constituye la base más firme de reconstrucción económica nacional:
1.ª Como medidas de auxilio al cultivador directo:
Rebaja de impuestos y tributos.
Represión especial de la usura.
Disminución de rentas abusivas.
Intensificación del crédito agrícola.
Revalorización de los productos de la tierra, especialmente del trigo y demás cereales, adoptando medidas para la eliminación del intermediario y para evitar la confabulación de los harineros.
Estímulo del comercio de exportación de productos agrícolas.
2.ª Como medidas para mejorar las condiciones de la producción agrícola:
Se organizarán enseñanzas agrícolas y se facilitarán auxilios técnicos por el Estado.
Se trazarán planes de sustitución de cultivos e implantación de otros nuevos, con la ayuda técnica y económica de la Administración pública.
Fomento de los pastos, ganadería y repoblación forestal.
Obras hidráulicas y obras de puesta de riego y transformación de terrenos para regadío.
Caminos y construcciones rurales.
3.ª Como medidas para la reforma de la propiedad de la tierra:
Derogarán inmediatamente la vigente ley de Arrendamientos.
Revisarán los desahucios practicados.
Consolidarán en la propiedad, previa liquidación, a los arrendatarios antiguos y pequeños.
Dictarán nueva ley de Arrendamientos que asegure: la estabilidad en la tierra; la modicidad en la renta, susceptible de revisión; la prohibición del subarriendo y sus formas encubiertas; la indemnización de mejoras útiles y necesarias llevadas a cabo por el arrendatario, haciéndose efectiva antes de que el cultivador abandone el predio, y el acceso a la propiedad de la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo.
Estipularán las formas de cooperación y fomentarán las explotaciones colectivas.
Llevarán a cabo una política de asentamiento de familias campesinas, dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos.
Dictarán normas para el rescate de bienes comunales.
Derogarán la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas a la nobleza.
No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuesta por los partidos obreros; conocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos, si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España.
VII. La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa definida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos.
No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del partido socialista. Convienen en:
1.º Restablecer la legislación social en la pureza de sus principios, para lo cual dictarán las disposiciones necesarias para dejar sin efecto aquellas que desvirtúen su recto sentido de justicia, revisando las sanciones establecidas a fin de asegurar el más leal cumplimiento de las leyes sociales.
2.º Reorganizar la jurisdicción de trabajo en condiciones de independencia, a fin no sólo de que las partes interesadas adquieran conciencia de la imparcialidad de sus resoluciones, sino también para que en ningún caso los motivos de interés general de la producción queden sin la valoración debida.
3.º Rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos, a fin de asegurar a todo trabajador una existencia digna, y creando el delito de envilecimiento del salario, perseguible de oficio ante los Tribunales.
VIII. La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el más amplio nivel moral por encima de razones confesionales y de clase social.
1.º Impulsarán, con el ritmo de los primeros años de la República, la creación de escuelas de primera enseñanza, estableciendo cantinas, roperos, colonias escolares y demás instituciones complementarias. Se ha de someter a la enseñanza privada a vigilancia, en interés de la cultura, análoga a la que se ejercite cerca de las escuelas públicas.
2.2 Crearán las enseñanzas medias y profesionales que sean necesarias para dar instrucción a todos los ciudadanos en condición de recibir la de estos grados.
3.2 Concentrarán las enseñanzas universitarias y superiores para que puedan ser debidamente servidas.
4.2 Pondrán en ejecución los métodos necesarios para asegurar el acceso a la enseñanza media y superior a la juventud obrera y, en general, a los estudiantes seleccionados por su capacidad.
Los partidos coligados repondrán en su vigor la legislación autonómica votada por las Cortes constituyentes y desarrollarán los principios autonómicos consignados en la Constitución.
Se orientará la política internacional en un sentido de adhesión a los principios y métodos de la Sociedad de Naciones.
Por la Izquierda Republicana, Amós Salvador; por Unión Republicana, Bernardo Giner; por el Partido Socialista Obrero, Juan Simeón Vidarte y Manuel Cordero; por la Unión General de Trabajadores, Francisco Largo Caballero; por la Federación Nacional de Juventudes Socialistas, José Cazorla; por el Partido Comunista, Vicente Uribe; por el Partido Sindicalista, ängel Pestaña; por el Partido Obrero de Unificación Marxista, Juan Andrade.

FUENTE: El Socialista, 16 de enero de 1936.