José Barrionuevo, quien fuera Ministro del Interior con Felipe González, y Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, fueron condenados a diez años de cárcel por delitos cometidos durante el ejercicio de sus cargos, en concreto por haber autorizado en 1983 el secuestro de Segundo Marey, operación que financiaron, además, con fondos públicos. El “caso Marey” fue la primera acción reivindicada por los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), agrupaciones creadas desde un entorno muy cercano al propio Ministerio del Interior y que practicaron el terrorismo de estado en la década de los 80.