Cumpliendo un deber.
Sólo un año ha transcurrido desde que en las últimas horas de un Parlamento cerrado o huero de iniciativas gubernamentales, en los instantes más febrilmente activos de la vida pública europea, dirigimos nuestra voz a todos los pueblos de España, llamándolos para que sintieran juntos la vibración de esta hora heroica del mundo en que se revisan todos los valores y se prepara una Europa nueva; queriendo despertar en las muchedumbres ibéricas, dormidas hace siglos, un ideal colectivo de fraternidad, de libertad y de grandeza.
Sólo un año ha transcurrido y volvemos a hallarnos en las postrimerías de unas Cortes tan efímeras y estériles como aquéllas, habiéndose sustraído al Parlamento gravísimas cuestiones; habiéndose efectuado cambios de Gobierno y de partido, elaborados y resueltos entre sombras y oscuridades, en conversaciones secretas, ignoradas por las Cortes y por el país, y hallándose todos los problemas capitales de la vida pública sin resolver, ni siquiera plantear, indefinidamente aplazados, como de costumbre, para un mañana que nunca llega.
Por ello, ahora, como entonces, nosotros, elegidos en libre sufragio por los ciudadanos de Cataluña, debemos a nuestros electores, y como miembros del Parlamento a los ciudadanos de España entera, nuestra clara y leal palabra sobre los gravísimos acontecimientos actuales; palabra hoy más autorizada y fuerte que entonces, pues ha sido consagrada por un plebiscito excepcionalmente valioso de los ciudadanos de Cataluña y los entusiásticos ánimos venidos de todos los pueblos hispánicos, y recibe en esta misma oportunidad, gracias a los hechos ocurridos y a los que, a los ojos de todos, se preparan, una nueva consagración, la del pronóstico acertado.
Por Cataluña y la España grande.
Tan actuales son hoy como entonces nuestras palabras, y aún más actuales hoy, por la violenta agudización de nuestros problemas constitucionales. Por ello, antes de ocuparnos de las modalidades presentes de estos problemas, mantenemos y reproducimos cuanto por Cataluña y la España grande firmamos; lo mantenemos y reproducimos, y fervorosamente reiteramos el llamamiento a todas las nacionalidades ibéricas para constituir, en un ambiente de libertad individual y libertad colectiva, o sea, de holgada y plena autonomía, una España verdaderamente fuerte y grande.
Las crisis de antes.
Hasta el presente las crisis políticas en España podían ser totalmente sustraídas al conocimiento de la opinión pública, porque eran crisis de familia. No existen en España partidos, en la acepción democrática de la palabra; no existen, por lo tanto, elecciones más que en algunos sectores del territorio español. Diputados y senadores son fabricados a la sombra del poder real por los hombres a quienes el Rey elige para gobernar, y mediante los organismos de gobierno que el Rey pone en sus manos. En vez de unas Cortes verdaderamente populares, que levanten enfrente del poder regio el otro factor esencial de un Gobierno libre, la representación de los ciudadanos, ahí está el encasillado que perpetúa esas Cortes de Real orden, que convierten el régimen constitucional español en verdadera autocracia.
Dentro de este sistema, que es el tradicional en España, es imposible que las crisis nazcan de los movimientos de opinión. Nacen, como en la Monarquía pura, de los malos humores, rencillas o desacuerdos entre los hombres de la pequeña oligarquía bifurcada que recibió el embargo de las ceremonias constitucionales, y se resuelven, naturalmente, en la Cámara regia, mediante conversaciones al oído con los presidentes del Consejo y de las Cámaras, que constituyen la gerencia alternativa de la comunidad gobernante.
De este modo, como en las acostumbradas y ordinarias crisis, se ha tramitado y resuelto la crisis de Constitución, de régimen, planteada por el Ejército, como si los ojos, avezados a las minucias de las pequeñas luchas de bastidores, no acertasen a comprender las grandes realidades de la vida colectiva.
La cuestión militar.
Y eso que los hechos son de magnitud imponderable. El Ejército, que tiene por ley esencial la disciplina, cansado de esperar inútilmente, por espacio de veinte años, disposiciones legislativas y ministeriales que le constituyan en ejército de veras por su organización, su armamento, su preparación técnica; cansado de esperar mejoras en esa miseria dosificada que, en general, los sueldos del Estado constituyen; cansado de soportar el favoritismo de algunas familias y clientelas de Madrid, constituyó Juntas de Defensa de cada Arma; las oficialidades de todas las Armas se sindicaron, y al ser ordenada la disolución de todas las Juntas y encarcelados sus miembros, en vez de obedecer presentaron un ultimátum exigiendo la libertad de los detenidos, la reposición de los destituidos y el reconocimiento de las Juntas de Defensa. Y el Gobierno volvióse atrás de sus acuerdos, y refrendó los que le fueron dictados por la Junta de Defensa de Barcelona.
Tal ha sido el violentísimo golpe de maza que abrió la crisis actual. Y esta crisis no se resuelve llamando a los ministros de anteayer. Las peticiones fundamentales planteadas permanecen como interrogante preñado de peligros y amenazas; la suprema dirección de la autoridad militar no reside en el Ministerio de la Guerra, ocupado por uno de los acusados; ni en el Gobierno, ejercido por los hombres responsables del estado de cosas denunciado. Y por todo ello la soberanía, que es el derecho acompañado de la fuerza para hacerse eficaz, no se sabe a punto fijo dónde para.
Subvertidos los poderes; descentrada la autoridad; rodeados los hechos de un ambiente de tolerancia y simpatía; sacudida toda la economía española por las repercusiones de la guerra; aumentada la excitabilidad popular por la carestía y el ejemplo de revoluciones y grandes acontecimientos en otros países; abierta en todo el mundo una etapa constituyente alrededor de la universalización del sufragio y la autonomía de las nacionalidades, nunca vivió España desde la Restauración acá un momento parecido al actual.
La cuestión militar y la opinión.
Agrava notoriamente la trascendencia de la cuestión militar la forma en que la acogió la opinión pública. La actuación de las Juntas de Defensa en estas últimas semanas constituye manifiesta transgresión de las leyes constitucionales, un verdadero pronunciamiento pacífico. En un país normal, en un país constituido, el hecho de la sindicación de las oficialidades de todas las Armas para imponer determinadas soluciones al Gobierno, es una anormalidad tan extraordinaria, una tergiversación tan monstruosa del orden establecido, que provocaría en todo el cuerpo social reacción formidable y un irrespirable ambiente de hostilidad y repulsión.
¿Será esto lo que ha ocurrido en España? No. Con toda sinceridad hay que declararlo: no hubo repulsión, ni hostilidad, ni siquiera sorpresa. Muy al contrario: un ambiente de simpatía circundó la actuación de las Juntas de Defensa. ¿Por qué? Porque al lado de tantas sombras y ficciones constituían ellas un grito de sinceridad, una realidad viviente; porque el problema que plantea es el problema constitucional, el de ser cada cual lo que debe ser, que es el problema de todas las categorías, de todos los organismos públicos, en los países no constituidos como España.
La Junta de Defensa de Barcelona declara en su nota que el Ejército está desorganizado, despreciado y desatendido; que los anhelos de reforma no fueron acogidos con amor, ni se les llevó más allá del proyecto; y que, en cambio, favoritismos e injusticias fueron realizando selecciones al revés, con desprestigio de la colectividad.
Pues bien; para vergüenza de los que rigen de muchos años acá el Estado español en todos los órdenes de la vida pública española, en todos, absolutamente en todos, pueden ser pronunciadas estas palabras con la misma verdad terriblemente acusadora. Nuestros gobernantes nada supieron organizar: ni el Ejército, ni la Marina, ni la Administración, ni los Municipios, ni las Diputaciones, ni las haciendas locales, ni la enseñanza, ni la justicia, ni la economía nacional, ni las instituciones sociales. Ni siquiera supieron organizarse a sí mismos —poseedores del Gobierno supremo—, conquistando la dignidad, la fuerza social, la representación verdaderamente nacional de un Estado a la moderna, con libres ciudadanos y libres electores y asambleas verdaderamente electivas.
De aquí que al caer la espada de las Juntas de Defensa sobre la mesa del Gobierno, la acompañasen las simpatías de cuantos al fin esperan ver abierta, y abierta anchurosamente, la vía de las grandes reformas constitucionales.
Ineptitud del Estado.
La primera de tales reformas, la reforma prevista, es la del Estado, que es instrumento de todas las demás. Harto proclaman los hechos su ineptitud. Hace veinte años que el Ejército espera reformas que no llegan. Treinta años hace que periódicamente se anuncian leyes de Administración local que no se aprueban. Hace años, muchos años, que se habla de la autonomía universitaria, y de la enseñanza técnica, y de la escuela y el maestro, sin que jamás se pase de la retórica ministerial. Y los organismos locales esperan una hacienda propia, prometida en grandes proyectos, mientras andan menguándola Reales órdenes muy efectivas. Y los productores tienen siempre el alcance de la mano, pendientes del estudio inmediato del ministro, las instituciones fundamentales, del outillage económico, antiguas ya en los grandes pueblos de Europa; y los ministros van pasando y las generaciones de productores sucediéndose. Y los obreros sienten la ausencia de los seguros que den estabilidad a su vivir, e instituciones para su formación técnica. Y lo propio ocurre en todas las categorías.
En tanto, con rotación de ejemplar regularidad, parecida a la sucesión de las estaciones, van alternando los dos juegos, de ministros, y de funcionarios, y de Cortes de Su Majestad. Hoy, declaraciones; después, mensajes; más allá, proyectos de ley, y después, crisis; y toda la vida española sigue igual, como si nada hubiese que realizar, mudar, corregir e inaugurar en ella.
A organismo de tan extraordinaria incapacidad para la tarea eficaz, efectiva, en primer término, hay que descongestionarle, dejar en sus manos las funciones esenciales, las características del poder central, y llevar otros organismos todas las demás funciones. Cuando sólo le incumbiese cuidar del Ejército y de la diplomacia y de la economía general, acaso tendría más espacio para escuchar y atender las aspiraciones justas, y lo que es más, para estimular los progresos y despertar las ansias de perfeccionamiento, y aun para imponerlas donde fuese menester, según hacen los Estados dignos de serlo.
El régimen federativo.
Dar al Estado una constitución federativa: tal es la gran solución renovadora.
Mediante una organización interna de estructura federativa, los pueblos ibéricos tendrían el ambiente de fraternidad, de intimidad amorosa que forma las grandes unidades indivisibles. Las ciudades vivas que acá y acullá de España guardan recuerdos de antiguas grandezas y sienten en sus entrañas simientes de capitalidad, serían centro de intensa propulsión de una vida renovada, y darían, como ocurrió en las ciudades italianas, nuevos matices y facetas a la civilización. Aligerándosele al Estado la actual labor abrumadora, y creándosele con tales corrientes de renovación, iría él adaptándose a las funciones encumbradas de una suprema dirección.
Esta organización federativa es, por otra parte, la que corresponde a la estructura de la sociedad política española, dividida en nacionalidades, en pueblos de personalidad harto definida. Establecerla es someterse a la exigencia de las fuerzas naturales e históricas que nos hicieron a todos lo que somos, y no otra cosa, fuerzas formidables que no se detienen con leyes ni Reales decretos ni hojas de Constitución; es obedecer a un imperativo de justicia, único posible fundamento de vínculos jurídicos sólidos y duraderos; es fortalecer al Estado (harto lo necesita), incorporándole fuerzas vigorosas que se pierden para él o lo perturban, como las de toda la periferia española, y especialmente de Cataluña y de Vasconia.
También la técnica impone esta forma de Estado. El Estado compuesto o federal constituye una perfección en la organización política, porque establece una división del trabajo con la consiguiente mayor adaptación a la función; porque articula más vigorosamente en la cosa pública a todos los centros vitales del país; porque levanta en todos los ámbitos del país escuelas de vida pública donde se aprovecha toda la fuerza motriz de los grandes amores a la tierra, y se preparan los verdaderos estadistas, esto es, los hombres que unen a la fuerza de la técnica política la fuerza de un ideal.
Y nadie crea que la adopción de este camino sea un experimento excepcional, un salto a un mundo desconocido. No; todo lo contrario. La forma federativa es la constitución normal del Estado moderno, la más generalizada, la de los pueblos directores. La inmensa mayoría de los hombres civilizados del mundo viven en Estados de esta clase; y las corrientes de la opinión universal, desde las que remueven las masas de la democracia socialista hasta las que dirigen a las muchedumbres fieles a las voces de la tierra y la Historia, dibujan en el horizonte nuevas extensiones del federalismo. El triunfo de la forma federativa en la guerra actual ha sido ruidoso; cruzó las pruebas del fuego, y de un fuego tal, que la Historia no recuerda otro que se le acierte a parangonar; y salió victoriosa en todos los órdenes. Después de la guerra, la forma unitaria irá desapareciendo, haciéndose más rara cada día; quedará a modo de antigualla, de forma de excepción para los pueblos chicos, homogéneos, como el gobierno directo, la Asamblea en la plaza pública, como tantas fosilizaciones de instituciones caídas, supervivientes en una que otra comarca oscura y retirada.
Al Parlamento.
Éste es nuestro sentir, claro, sincero y totalmente expuesto, sobre los problemas presentes y el problema siempre actual, porque es el de hoy, el de ayer y el de siempre: constituir a España.
Conscientes de nuestra responsabilidad y de la de todos los ciudadanos, lo propio que de las responsabilidades gravísimas de los hombres, ministros o no, que tienen parte en la dirección suprema del país cumplimos la obligación sagrada de dirigir a todos nuestra palabra; pidiendo a unos que salgan de la pasividad, de la rutina, de la sujeción social y política, y asciendan a ciudadanos verdaderos, árbitros de su voluntad, a miembros vivos del cuerpo social, uniéndose alrededor de un ideal colectivo, de una sentimentalidad generosa que los conduzca a la lucha penosa y heroica con los abusos, las violencias y las ilegalidades de los hombres que disfrutan los beneficios del Poder. Y a los otros, a los gobernantes, reclamándoles que dejen franca la vía legal abierta a la opinión, que abran en seguida el Parlamento, para que los partidos populares, los que tienen raigambre en masas de electores verdaderos, puedan en la tribuna parlamentaria iluminar sombras, exigir responsabilidades y dar satisfacción a las ansias renovadoras cansadas de perpetuas esperas, iniciando y propulsando una actuación ampliamente constituyente.
Barcelona, 14 de junio de 1917.
Senadores: Raimundo de Abadal, Juan Garriga y Massó, Pedro Rahola Molinas, Federico Rahola Tremols, Luis A. Sedó, Leoncio Soler y March, Juan Vallés y Pujals.
Diputados: Antonio Albafuls y Vidal, José Bertrán y Musitu, Eusebio Bertrand y Serró, Francisco Cambó y Valle, marqués de Camps, José Claret y Assols, Manuel Farguel y de Magarola, Luis Ferrer-Vidal, Antonio Janzana y Llopart, Magín Morera y Galicia, Buenaventura M. Plaja y Tapis, Alberto Rusiñol y Prats, Juan Ventosa y Calvell.
FUENTE: Los sucesos de agosto ante el Parlamento. Madrid, 1918, Apéndice, pp. 355-362.