Carta de 339 sacerdotes vascos dirigida a los obispos de Vitoria, San Sebastián, Bilbao y Pamplona, 30 mayo 1960

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Carta de 339 sacerdotes vascos dirigida a los obispos de Vitoria, San Sebastián, Bilbao y Pamplona, 30 mayo 1960

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Desde hace ya bastante tiempo no ha visto la luz ningún documento firmando por un grupo de sacerdotes vascos. El silencio podría ser mal interpretado y, quizá, atribuido a una ausencia de conciencia responsable ante los hechos y acontecimientos que imperiosamente reclaman una actitud franca y abierta de parte de quienes sentimos el deber de proclamar los postulados de la verdad, de la justicia, de la libertad y de la dignidad del hombre. No queremos que nuestro silencio sea causa de que se nos acuse de complicidad.
Respondemos a un imperativo de nuestra conciencia refiriéndonos en este escrito al abismo que día a día se abre entre nosotros y las almas cuya custodia y guía nos han sido confiadas.
( ... ) Nuestra actitud quiere ser la de un riguroso examen de conciencia; la de la búsqueda serena, objetiva, desapasionada, de los males que nos asolan; la de reconocerlos públicamente, porque afectan a la vida cristiana de nuestro pueblo, y la de poner todo nuestro esfuerzo al servicio de la rectificación necesaria.
Este es el camino que hemos elegido nosotros, los sacerdotes que suscribimos este documento, tras madura y serena reflexión, asumiendo la plena responsabilidad del presente escrito, que sólo compromete a nuestras personas.
( ... ) Creemos sinceramente que ni los individuos, ni las clases, ni los pueblos que integran la comunidad política española gozan de suficiente libertad.
Basta abrir los ojos para ver lo que es una triste realidad. Continuamente vemos que han sido detenidas personas por sus actividades temporales, no coincidentes con el pensamiento político, a dirección única, impuesto por el Estado. Se detiene por manifestar pública e incluso privadamente opiniones políticas contrarias a las del Gobierno en materia de suyo opinable. Y al faltar los medios normales de expresión de la verdad, se convierte en delito lo que de suyo no es más que el ejercicio de un derecho: así ha podido ocurrir que hayan sido detenidas personas por haber repartido hojas no autorizadas, en las que no se decía nada falso ni injusto, sino al contrario, cosas que el propio Gobierno tiene el deber de decir o permitir que se digan y que durante años viene silenciando. La Ley, pues, que infringen estas personas es una ley injusta y de ahí el problema.
A lo largo de 24 años que dura el régimen, esas personas humanas son encarceladas «sine» durante meses y años, para ser conducidas, después de un tiempo que queda al arbitrio de un gobernador, o Director de Seguridad o Ministro, ante un Tribunal Especial, bajo la gravísima acusación de «rebelión», porque tuvieron el valor de no considerar impecables ni infalibles a los que gobiernan. Una vez encarcelados, sus familiares viven en continua angustia, porque ignoran su paradero o no saben cuándo podrán ser juzgados. Se ha llegado a extremos tales que son muchos los que no se atreven a visitar siquiera a los presos por temor a caer en sospechas. Y altas personalidades y autoridades de orden moral consideran que es mucho pedirles si se les ruega que hagan las oportunas gestiones ante la autoridad competente en defensa de los detenidos.
(...) En las Comisarías de Policía de nuestro país se emplea el tormento como método de exploración y búsqueda del transgresor de una ley muchas veces intrascendente y no pocas injusta. Una malévola sospecha basta para que el policía o la guardia civil de turno pueda flagelar irresponsablemente, torturar y herir a cualquier ciudadano muchas veces inocente de la fechoría que se le atribuye. No hablarnos de hechos aislados. Se trata, puesto que las autoridades conocen los hechos y los toleran, de un sistema. Sistema evidentemente reñido con los elementos del Derecho.
( ... ) Sin una Ley de Prensa que garantice su labor y sometida toda ella a un rígido control y censura, dependiente totalmente de los intereses del Estado, es humanamente imposible que pueda cumplir debidamente su misión.
La prensa española, invirtiendo el orden establecido por Dios, es instrumento de deformación de la opinión pública. No capacita al ciudadano para la gestión de la cosa pública; no permite la emisión de juicios serenos sobre la actuación de las fuerzas políticas, económicas o sociales del país, ni actuar contra las propagandas unilaterales, ni la formación de ideologías compatibles con la ley natural y divina. Reduce arbitrariamente el derecho de expresar la opinión. Y no permite a los ciudadanos el control público sobre la gerencia de la cosa pública.
( ... ) Y ¿qué decir de la libertad de asociación en sus dos aspectos: político y social? Cuando un país vive en libertad ciudadana, funcionan órganos que protegen la libertad. El Parlamento, los partidos políticos, los sindicatos salen al paso de los posibles abusos o atropellos y controlan el ejercicio de los poderes públicos. Hay que reconocer que la acción del hombre es defectuosa; pero el libre juego de los derechos ciudadanos es un factor de honradez pública. Y en España falta ese eficaz instrumento. Parece absurdo, pero en España no existe ni un auténtico Parlamento, ni libertad política, ni libertad sindical. El Partido Único, el Sindicato Único y el Parlamento dirigido son las estructuras básicas del Estado español, sometidos plenamente al jefe. El Sindicato español, como muy bien lo dijo Mons. Pildain, «ni es sindicato, ni es cristiano». Es obra del Estado y defiende los intereses del Estado, a quien representa, y con gran eficacia ( ... ).
En defensa de los derechos del pueblo vasco.
No podemos dejar de hablar de un modo más particular de nuestro pueblo, el pueblo vasco al que pertenecemos y en el que ejercemos nuestro apostolado. Los sacerdotes vascos amamos a nuestro pueblo con el mismo derecho, con la misma obligación de piedad natural y cristiana con que el sacerdote castellano ama a Castilla y los Obispos de Uganda a la familia humana de la que Dios quiso que formaran parte.
( ... ) Así ahora denunciamos ante los españoles y ante el mundo entero, la política que hoy impera en España de preterición, de olvido, cuando no de encarnizada persecución, de las características étnicas, lingüísticas y sociales que nos dio Dios a los vascos. Y ello sin provecho de nadie y con evidente perjuicio de nuestros más altos intereses: los espirituales.
Si las piedras de un monumento nacional se cuidan por la belleza de su arquitectura y el reflejo que conservan del alma de la época que las labró, el euskera, instrumento necesario para la evangelización y cultura del pueblo vasco, tiene derecho ante la Iglesia y ante la civilización, un derecho a la vida y a ser cultivado, cuyo desconocimiento denunciaría en la Iglesia un absurdo y una descarada contradicción, y en la sociedad una política reaccionaria y antihumana hasta el genocidio.
Y este es nuestro caso hoy en España. Y no hay razón histórica, social ni política que justifique semejante crimen.
He aquí, Excmo. Sr., expuesta, a nuestro modesto parecer, una de las causas fundamentales del abismo que día a día se abre entre nosotros y las almas cuya custodia nos ha sido confiada. No es otra que la contradicción existente entre la doctrina católica sobre la persona humana y su incumplimiento por un régimen que oficialmente se dice católico y al que presta su apoyo decidido la jerarquía católica española. Esa es la acusación que se nos hace.FUENTE: Luis RAMÍREZ: Nuestros primeros venticinco años. París, Ruedo Ibérico, 1964, pp. 270-277.