El 27 de agosto de 1953 la España de Franco firma este acuerdo con la Santa Sede, “un reconocimiento firme y expreso por la Santa Sede de la legitimidad y estabilidad del Régimen español”, por el que se confirma la confesionalidad del Estado, y se consagra una situación de privilegio para los clérigos, amplias competencias a la Iglesia en materia de regulación de la vida civil (familia, enseñanza...), la presencia de la alta jerarquía en los órganos decisorios y deliberantes del aparato del Estado, así como un sostenimiento financiero de la Iglesia católica casi sin límites. El Concordato se mantuvo en vigor hasta la promulgación de la Constitución de 1978.