Señora: Los ministros que V. M. ha nombrado a propuesta del duque de la Victoria, hecha en virtud de la amplia autoridad que V. M. misma se sirvió concederle, creen que su principal misión en las críticas y delicadas circunstancias en que son llamados a gobernar, es dominar la situación en que el país se encuentra, por una consecuencia necesaria de anteriores errores y hacer volver las cosas al estado normal cuanto antes sea posible, evitando así los gravísimos males que de otro modo amenazan a la nación, a las instituciones y al mismo trono.
Resueltos venían a aceptar tan delicado y peligroso encargo sin tratar de condiciones que creían explicadas con sobrada claridad en su nombramiento, y V. M. había formulado al decir en la real orden de 16 del anterior septiembre, por lo cual nombró presidente al duque de la Victoria, que estaba decidido a establecer la paz y la unión de todos los ánimos, no omitiendo medio alguno para satisfacer las necesidades de los pueblos; pero V. M. ha querido se presenten por, escrito y firmadas las bases con arreglo a las cuales nos proponemos gobernar. Esto nos ha dado a conocer que no merecemos la plena confianza de V. M. como habíamos creído al emprender nuestra marcha para esta capital, y puede ser un obstáculo poderoso para gobernar en lo sucesivo; y satisfacemos sus deseos que, por más que nos hayan sorprendido, respetamos como nuestro deber exige, pero creemos estar en el caso de advertir que las circunstancias puedan de un momento a otro cambiar: es muy posible que suceda sin otro origen que la retardación en constituirse un gobierno como la nación desea, y no respondemos que lo que hoy creemos suficiente lo sea mañana, y produzca los resultados que de ello nos prometemos.
A vuestra majestad no puede ocultarse que en la actualidad no hay gobierno; hasta en los pueblos más insignificantes de la Península se han formado Juntas que con absoluta independencia o cuando más sujetas a las de las capitales, independientes también a su vez, han cortado todas sus relaciones con el gobierno de V. M. el cual puede decirse reducido al recinto de Valencia, y no ha podido menos de tolerar que muchos pueblos, todos de esta provincia, se hayan pronunciado en el mismo sentido que los demás. Cada momento que esta situación se prolonga relaja más y más los vínculos sociales y nos acerca a una completa disolución del Estado, de la cual serían responsables los que, pudiendo evitarla o contribuir a impedirla, no lo hiciesen por consideraciones o motivos que deben siempre desaparecer cuando hasta el punto que hoy se ve en peligro el país, y con él cuanto hay de interesante para los hombres honrados y verdaderos españoles.
Esta convicción dolorosa y profunda que tienen los que V. M. ha nombrado sus consejeros, no porque la adulen y lisonjeen, como deben creerlo, sino para que la digan la verdad, los pone en la precisión de hablar con franqueza y con lealtad, y de exponer cuanto en su concepto es necesario para restablecer el orden y la calma perdidos de un modo que no puede verse sin el más íntimo dolor.
Necesítase ante todo para esto que V. M. dé un manifiesto a la nación, en el cual, haciendo recaer como es justo la responsabilidad sobre lo pasado en vuestros consejeros, y anunciando que podrá hacerse efectiva por medios legales ofrezca y asegure con solemnidad que la Constitución será respetada y cumplida fielmente, y que principiando ahora una nueva época para España, sus consecuencias naturales y legítimas serán desenvueltas, sin que se obstruyen ni neutralicen, como hasta ahora ha sucedido, por influencias siniestras de nacionales ni de extranjeros.
En indispensable ofrecer solemnemente que la ley de Ayuntamientos no será ejecutada, y que habrá de someterse al examen de las nuevas Cortes con las modificaciones que vuestro gobierno propondrá, para ponerla en armonía con la Constitución y con los principios políticos en ella consignados. Exígelo así el justo e irresistible clamor de los pueblos; y aun cuando no se hubiese alzado del modo imperioso que V. M. sabe, jamás podrá ejecutarse tal ley sin que se formase, sancionase y publicara la de diputaciones provinciales del que ésta es complemento, y sin la cual algunas de sus disposiciones no podrían tener efecto.
Es también imprescindible la disolución de las actuales Cortes; su origen, la infracción de la Constitución que se han permitido así lo exigen; y la convocación de otras deberá hacerse para después de reunidas las diputaciones provinciales, cumplidas en su totalidad hace tiempo, tomando sobre sí el gobierno la responsabilidad de dejar pasar más de los tres meses que deben mediar entre la disolución y la nueva reunión, atendidas las circunstancias en que dichas corporaciones se encuentran, por haberse suspendido su renovación mandada ya en la mitad, con el fin de proporcionarse el triunfo en las últimas elecciones un partido que las creía sus principales auxiliares.
Esto, Señora, hubiera bastado para crear un gobierno fuerte y evitar cuanto después ha ocurrido si V. M. hubiese apreciado en algo los consejos del presidente del gabinete nombrado en días que jamás podrá sentirse bastante hayan pasado. Hoy los pueblos se han levantado como en circunstancias análogas lo han hecho, y especial y señaladamente en 1351, durante la menor edad del Rey D. Juan I, en que formaron una hermandad para poner coto a los abusos de sus tutores: han arrostrado graves compromisos; su alzamiento unánime apoyado por el ejército, que como hijo de ellos, ha hecho suya su causa los ha colocado en una posición firme, tienen la conciencia de su fuerza y no se contentan con lo que en otro tiempo habría satisfecho sus necesidades y justos deseos; exigen garantías, no quieren verse de nuevo en la necesidad de dar un paso, cuyos graves riesgos y lamentables consecuencias no se les ocultan, y reclaman la aplicación de remedios bastante eficaces al intento. Hay quien piensa, señora, en alterar la Constitución del Estado en alguna de sus bases, pero es de creer que las Cortes, única autoridad competente para decidir esta cuestión, cuiden de que se conserve la debida armonía entre nuestra Carta fundamental y la de los demás países libres de Europa, porque ya tienen acreditados su circunspección y tino en asunto tan vital y delicado. Hay, Señora, quien cree que V. M. no puede seguir gobernando la nación, cuya confianza, dicen, ha perdido, y por otras causas que deben serle conocidas mediante la publicidad que se les ha dado y piensan en destituciones y nuevos nombramientos de que V. M. debe tener idea también. Pero lo que más generalmente se desea es que V. M. se acompañe de hombres prácticos en la ciencia del gobierno, de talentos acreditados en el Parlamento, para que le ayuden a llevar la pesada carga de la Regencia durante la menor edad de vuestra augusta hija: esta opinión es tan generalizada que hasta en los pueblos más pequeños y que menos parece que se ocupan de las cosas públicas, existe y es tal su exigencia respecto a este punto que la creemos irresistible, y un escollo contra el cual se estrellaría cualquier gobierno que intentase contrarrestarla; la situación actual no parece posible termine sin acceder a ella.
Sobre el modo de hacerla también dirán los que subscriben su sentir, animados del deseo de consultar el decoro y dignidad de V. M. en cuya conservación tienen el mayor interés. Las Cortes son las que conforme a la Constitución, pueden hacer alteración en la actual Regencia; y en rigor de principios se cumpliría con remitir a su resolución este punto. Pero sería poco decoroso para V. M. y menguaría el prestigio de que tanto necesita, si la variación se hiciese a consecuencia de propuesta de uno o varios diputados; y parece preferible que V. M., tomando la iniciativa, pidiese la co-regencia y la nombrase interinamente sin perjuicio de lo que determinasen las Cortes, a quienes corresponde la decisión y el nombramiento en su caso: a nadie puede ofender pedir auxilio para una obra grande difícil, pero sí que se obliguen a tomarlo cuando se cree capaz por sí solo de llevarlo a cabo; lo primero supone una virtud siempre honrosa; lo segundo envuelve una degradación de muy malos efectos en todos casos, y de incalculable trascendencia en el que tratamos. No obstante esto, los que subscriben no insisten en que desde ahora haga V. M. lo que tienen el honor de indicarle por creerlo preferible y más decoroso; aplazando expresamente la resolución de esta grave cuestión para las próximas Cortes, creen acallada la exigencia hasta el punto de poder gobernar, y acaso en el periodo que hasta entonces transcurra, la opinión que hoy aparece muy extendida y fuerte, se modifique y varíe si se dan garantías a los pueblos que equivalgan a las que por este medio se proponen obtener.
Pasar por los actos de las juntas en cuanto no resistan abiertamente los principios de justicia, es otra necesidad de la época: respetar los hechos consumados por las revoluciones que no han podido ser contrarrestadas, es un principio de gobierno, cuyo olvido ha sido más de una vez funesto, y en nuestra historia tenemos varias pruebas de esta verdad.
Por último también es preciso centralizar el gobierno, haciendo cesar en él a las juntas de provincias; no es concebible siquiera que exista gobierno en una nación y que juntas provinciales ejerzan sus facultades; pero es necesario esto comprenderlo con la delicadeza que las circunstancias exigen y de modo que no hagan perder la confianza de los pueblos; todo se conseguiría mandando que las juntas de las capitales continuasen hasta la reunión de las nuevas Cortes, como auxiliares solo del gobierno y para desempeñar cualquier encargo que estimase oportuno hacerles sin menguar las atribuciones de las demás autoridades.
Verdades amargas, Señora, habremos dicho quizá, pero hemos preferido pasar por el disgusto que esto no puede menos de ocasionarnos a aumentar el número de los Consejeros que han engañado a V. M. y dado lugar a que se haya entibiado el amor que los españoles le profesaban, y que aún es tiempo de hacer revivir, porque afortunadamente no está extinguido.
FUENTE: Bermejo, La Estafeta..., ob. cit., t. I, pág. 601.