Al igual que en el caso anterior esta obra se centra en las posibilidades de definición del estado liberal en el periodo de las regencias, si bien su arranque es anterior. La pugna entre una concepción de la administración de los progresistas, basada originariamente en la Constitución de 1812, bastante descentralizada y participativa, frente al administrativismo heredado del estado del siglo XVIII, que se concretará en concepciones de un estado centralista y de estructura piramidal: la cadena de mando empezaba en el gobierno y terminaba en el último pueblo del país. Hubo un consenso esperanzador en 1837, pero los moderados acabaron rompiéndolo con la Ley de Ayuntamientos, que acabó provocando una crisis política de primera magnitud. Finalmente, esa concepción centralista y piramidal es la que acabó predominando a partir de 1844.