A LA NACIÓN
Consumado en el terreno de la fuerza el movimiento revolucionario, iniciado en Cádiz contra un poder que lentamente había ido aflojando y rompiendo todos los vínculos de la obediencia y el respeto, hasta el punto de haber hecho posible su derrumbamiento en el espacio de pocos días; terminada la misión de las juntas y nombradas las Autoridades, conveniente y necesario es ya que el Gobierno provisional, constituido en virtud de sucesos que han transformado fundamentalmente el estado político de España, recoja y concrete las varias manifestaciones de la opinión pública, libre y diversamente expuestas durante el solemne período de lucha material por que ha atravesado nuestra revolución salvadora.
Como punto de partida para la promulgación de sus principios generadores, la revolución ha empezado por sentar un hecho que es la base robusta sobre la cual deben descansar sus reconquistadas libertades. Este hecho es el destronamiento y expulsión de una dinastía que, en abierta oposición con el espíritu del siglo, ha sido rémora a todo progreso, y sobre la cual el Gobierno provisional, por respeto a sí mismo, cree oportuno tender la conmiseración de su silencio.
Destruido el obstáculo y expedito el camino, la revolución ha establecido el sufragio universal, como la demostración más evidente y palpable de la soberanía del pueblo.
Proclamados los principios sobre los cuales debe cimentarse nuestro futuro régimen gubernamental, basados en la libertad más amplia y reconocidos por todas las juntas, nacidas al calor del programa de Cádiz, pasa el Gobierno provisional a compendiar en un solo cuerpo de doctrina estas manifestaciones del espíritu público, distintamente expresadas, pero con la misma intensidad sentidas.
La más importante de todas, por la alteración esencial que introduce en la organización secular de España, es la relativa al planteamiento de la libertad religiosa. No se vulnerará la fe hondamente arraigada porque autoricemos el libre y tranquilo ejercicio de otros cultos en presencia del católico; antes bien se fortificará en el combate, y rechazará con el estímulo las tenaces invasiones de la indiferencia religiosa, que tanto postran y debilitan el sentimiento moral.
La libertad de enseñanza es otra de las reformas cardinales que la revolución ha reclamado y que el Gobierno provisional se ha apresurado a satisfacer sin pérdida de tiempo. Los excesos cometidos en estos últimos años por la reacción desenfrenada y ciega, ese estado de descomposición a que había llegado la instrucción pública en España, merced a planes monstruosos, impuestos, no por las necesidades de la ciencia, sino por las estrechas miras de partido y de secta; ese desconcierto, esa confusión, en fin, cuyas consecuencias hubieran sido funestísimas a no llegar tan oportunamente el remedio, han dado al Gobierno provisional la norma para resolver la cuestión de la enseñanza, de manera que la ilustración, en vez de ser buscada vaya a buscar al pueblo, y no vuelva a verse el predominio absorbente de escuelas y sistemas más amigos del monopolio que de la controversia.
Y como natural resultado de la libertad religiosa y de la enseñanza, la revolución ha proclamado también la libertad de imprenta, sin la cual aquellas conquistas no serían más que fórmulas ilusorias y vanas. Las libertades de reunión y de asociación pacíficas, perennes fuentes de actividad y progreso, que tanto han contribuido en el orden político y económico al engrandecimiento de otros pueblos, han sido asimismo reconocidas como dogmas fundamentales por la revolución española. Así podrá avanzar España con planta resuelta, porque tampoco pesará ya sobre ella la red de una centralización administrativa, asfixiadora, que ha sido el instrumento artificioso de que se han valido, para confundirla y extenuarla, la corrupción y la tiranía. El individuo, el municipio, la provincia y la Nación, podrán desenvolverse independientemente dentro de la órbita que les es propia, sin que la intervención recelosa del Estado coarte sus facultades ni perturbe en lo más mínimo sus manifestaciones.
Desde hoy el pueblo español es responsable porque es libre, y con su constancia, su energía y su trabajo, noble y ordenadamente dirigido, puede y debe recobrar el tiempo perdido en el ocio de su pasada servidumbre, ocupando en el congreso de las Naciones el puesto que le corresponde por sus tradiciones históricas y por los medios de acción que ha reconquistado.
Dentro del respeto debido a los intereses creados, profundas reformas económicas que rompan las trabas de la producción y faciliten el crecimiento de la riqueza pública, ahogada bajo el peso embarazoso de ideas rutinarias y abusos inveterados, coronarán el edificio alzado por el esfuerzo español en pocos días, que serán eternamente memorables. Esto, unido a un sistema de radicales pero estudiadas economías, contribuirá eficazmente al levantamiento de nuestro crédito, tan abatido en estos últimos tiempos de general desfallecimiento y marasmo. Porque el Gobierno provisional, investido por la revolución de amplias facultades, está decidido a no cejar un ápice en su propósito transformador y a ser fiel intérprete, en ésta como en todas las esferas, de la voluntad nacional tan unánimemente expresada.
De las ventajas y beneficios de la revolución gozarán también nuestras queridas provincias de Ultramar, que forman parte de la gran familia española, y que tienen derecho a intervenir con su inteligencia y su voto en las arduas cuestiones políticas, administrativas y sociales, planteadas en su seno.
Sobre los fuertes pilares de la libertad y el crédito, España podrá proceder tranquilamente al establecimiento definitivo de la forma de Gobierno que más en armonía esté con sus condiciones esenciales y sus necesidades ciertas, que menos desconfianza despierte en Europa, por razón de la solidaridad de intereses que une y liga a todos los pueblos del Continente antiguo, y que mejor satisfaga las exigencias de su raza y de sus costumbres.
Entre tanto, el Gobierno provisional guardará el sagrado depósito que la revolución le ha confiado, defendiéndole con ánimo sereno contra todo género de hostilidades, hasta el día en que pueda devolverle íntegro como le ha recibido. Convencido de la legitimidad de su poder, que se funda en el manifiesto de Cádiz; en la investidura de la Junta de aquella ciudad, que ha sido por segunda vez cuna de nuestras libertades; en el alzamiento sucesivo de todas las poblaciones de España; en el derecho y consagración de la victoria; en el reconocimiento posterior de todas las Juntas que han funcionado en la Península; y finalmente, en la sanción popular, seguirá sin temor ni incertidumbre la senda que el deber le traza, y siendo como es eco y voluntad de la opinión pública, no descansará hasta haber satisfecho todas sus aspiraciones y cimentado sobre bases sólidas e indestructibles la obra de nuestra regeneración política.
Para llevar a cabo tan difícil empresa, sólo reclama la confianza del pueblo, esa confianza que se revela por medio de la tranquilidad y el orden, y que únicamente pueden tener empeño en turbar, para descrédito de la causa nacional, sus astutos e implacables enemigos.
El Gobierno provisional dará en su día cuenta del uso que haga de sus facultades extraordinarias, ante las Cortes Constituyentes, a cuyo fallo se somete con la tranquilidad que inspira el cumplimiento del deber a las intenciones rectas y a las conciencias honradas.
Madrid 25 de Octubre de 1868. El Presidente del Gobierno provisional y del Consejo de Ministros, Francisco Serrano. El Ministro de la Guerra, Juan Prim. El Ministro de Estado, Juan älvarez de Lorenzana. El Ministro de Gracia y Justicia, Antonio Romero Ortiz. El Ministro de Marina, Juan Bautista Topete. El Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola. El Ministro de la Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta. El Ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla. El Ministro de Ultramar, Adelardo Lopez de Ayala.
FUENTE: Colección Legislativa de España, C, núm. 751.