La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es una de las principales aportaciones jurídicas de la Revolución Francesa. Aprobada en agosto de 1789, definía los derechos naturales del hombre que consideraba básicos, la libertad individual, de pensamiento, de prensa y credo; la igualdad, que debía estar asegurada legislativa, judicial y fiscalmente por el Estado; la seguridad y la resistencia a la opresión. Estos principios fundamentales constituyeron la base del liberalismo político del siglo XIX y en ellos se aprecia claramente la influencia de la Declaración de Independencia norteamericana, de julio de 1776, y el pensamiento filosófico de los Ilustrados del siglo XVIII, subrayando la transferencia de la soberanía del rey a la nación y la separación de poderes. Otras dos declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano fueron aprobadas posteriormente durante el transcurso de la Revolución Francesa, una en 1793 (grabado de la imagen), con un carácter más democrático ya que defendía el derecho a la sublevación frente a la tiranía y prohibía la esclavitud; y la Declaración de 1795, más próxima a la de 1789, y que precedía a la Constitución del año III.